No es la primera vez que el Ejecutivo local, formado por PSOE y Podemos, recibe a estos representantes sindicales, con los que volverá a entablar conversaciones a petición de los trabajadores y trabajadoras, mostrándoles su solidaridad "ante la difícil situación que están viviendo y su compromiso por mantener el empleo en el municipio".
La empresa pretende destruir 69 puestos de trabajo aprovechando la persistencia de la pandemia, alegando causas que no son más que excusas motivadas por una nefasta gestión de la producción y la organización", insisten desde el Comité de Empresa, que cree que "existe futuro para la empresa sin necesidad de despedir a nadie".
Desde los sindicatos han insistido en que los propietarios de la fábrica, la Fundación Areces, propietaria también del Grupo El Corte Inglés, que a su vez es prestamista y arrendador de MOINSA, lleva "con ajustes, cambios de modelos productivos y reorganización desde el año 2012".
Además, acusan a este Grupo de "aprovechar la difícil situación por la que atraviesa el país, por culpa de la pandemia provocada por el covid-19, para precarizar el empleo en un afán desmedido por rentabilizar sus cuentas a costa de suprimir los puestos de trabajo en MOINSA", que en 2012 contaba con una plantilla de 1.200 trabajadores y trabajadoras, y la posibilidad de especular con los terrenos para conseguir mayores beneficios.
Durante la reunión, los trabajadores exigieron a la Corporación local que "bajo ningún concepto permita la recalificación de los terrenos donde se ubica la fábrica, para que El Corte Inglés, propietario de dichos terrenos, especule para su urbanización".
En este sentido, los ediles informaron a los trabajadores y trabajadoras de que "no se puede modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que rige el crecimiento y desarrollo de la ciudad", algo que "fue aprobado en 2009, cuando gobernaba el PP en Móstoles y con el voto en contra del PSOE".
Los representantes de los trabajadores y trabajadoras recordaron a los ediles que se consideraron como modificaciones de mayor trascendencia en el PGOU (entre otras), una cláusula para “Facilitar el traslado de las industrias existentes en la trama urbana siempre que se justifique la continuidad de la actividad en una nueva ubicación en el municipio y se garantice, en consecuencia, la conservación de puestos de trabajo”, cuestión que la empresa vulnera, habida cuenta la destrucción sistemática de empleo que está llevando a cabo desde que se aprobara el PGOU, que en 2012 contaba con una plantilla de 1.200 trabajadores y trabajadoras y en la actualidad con poco más de 150.
Los trabajadores y trabajadoras de Móstoles Industrial, vecinos y vecinas de Móstoles en su mayoría, apelan a la sensibilidad y responsabilidad del Ayuntamiento con el fin de que interceda en el conflicto provocado por MOINSA y coadyuve a buscar soluciones que permitan el mantenimiento del empleo y la industria en la ciudad.
Se exigió igualmente que si ya existiese algún acuerdo municipal que pueda mal interpretar y confundir, inversiones urbanísticas a través de la destrucción de empleo, lo derogue automáticamente y proceda a defender los puestos de trabajo que se pretenden destruir con un ERE caprichoso y especulativo.
